La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), es un espacio de diálogo y consenso que funciona con la participación de organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza.

Es por ello que el martes 13 del presente se reunieron los integrantes del Comité Ejecutivo Regional (CER) de la MCLCP de Piura, con el objetivo de ser partícipes de la propuesta de articulación entre la Defensoría del Pueblo y dicha institución. Esta propuesta tiene el fin de trabajar acciones de seguimiento concertado sobre el impacto de COVID-19 en las dimensiones sociales y económicas a nivel distrital, tal como lo señaló el coordinador regional de la MCLCP, Víctor Palacios Córdova.

El jefe de la Defensoría del Pueblo, César Orrego Azula, manifestó que la MCLCP, al ser una instancia mixta de Estado y sociedad civil, comparte preocupaciones con su institución sobre el impacto del COVID-19 en el departamento. Por ello planteó una propuesta de “Estrategia para la Movilización Social frente al COVID-19”, la misma que está planteada a nivel nacional para trabajar en los próximos meses, y para lo cual el espacio de la MCLCP es ideal para ser el nexo de articulación.  

Dicha propuesta tiene como objetivo trabajar de manera articulada para atender dos acciones claves. La primera es prevenir los contagios del COVID-19 a nivel distrital; y la segunda, resolver el problema de la crisis alimentaria. Para ello es importante contar con la participación activa de las MCLCP y los Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) locales, así como de las organizaciones que se encuentran en el territorio.   

Además, señaló Azula, se aprecia que existe tejido social que viene realizando esfuerzos en costa, sierra y selva que podrían aumentar su eficacia si fueran fortalecidos, para lo cual la Defensoría del Pueblo propone esta estrategia que busca articular estos esfuerzos con las acciones que viene implementando el Estado y la sociedad civil. Aquí la MCLCP tiene grandes esfuerzos en articular, para lo cual se cuenta con entidades públicas que han generado algunas miradas para acudir hacia la sociedad civil para unir esfuerzos en donde la MCLCP sería el nexo de conexión.  

Los esfuerzos de articulación serían entre las iniciativas comunitarias de las organizaciones sociales de base y las entidades públicas, y podrían extenderse y fortalecerse sobre la base de tres vertientes. La primera sería cómo prevenir el contagio del virus; la segunda, la gestión de la crisis alimentaria; y la tercera, la vigilancia ciudadana del cumplimiento de las obligaciones estatales.  

El representante de la Defensoría indicó que cuando se esté en la etapa de identificación de las organizaciones, ciudadanía y Estado en torno a estas vertientes, se podrá plantear alguna promoción de acuerdos entre los representantes del Estado y sociedad civil, por ejemplo, en lo referente a la prevención de contagios. Una muestra de ello sería:  

• Provisión de materiales de bioseguridad e higiene a las iniciativas comunitarias que realizan acciones de prevención de contagios, como las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Rondas Campesinas, Comandos COVID, entre otros.

• Provisión de materiales de bioseguridad a la población en general en las localidades más afectadas por la pandemia. El representante de la Defensoría planteaba que los 33 millones de peruanos y peruanas podrían obtener mascarillas y evitar la propagación del virus.

• Realizar campañas para la difusión de información oportuna con el fin de prevenir contagios y facilitar el acceso a los servicios de salud a través de líderes comunitarios. Por ejemplo, si el Estado realiza campañas de prevención o servicios de salud a la comunidad, se debe lograr que se conecten con las iniciativas comunitarias, y estas campañas puedan trasladarse mediante estos espacios.

• Acceso a información pública en torno a bienes y servicios entregados por entidades públicas para la prevención de contagios, para las acciones de vigilancia ciudadana.

Mientras tanto, en torno a los acuerdos de seguridad alimentaria, cuando se identifique organizaciones en la sociedad civil que estén trabajando en esta problemática y funcionarios del Estado que se encentren en esta misma labor, cuando logremos trabajar de manera conjunta debemos de promover algunos acuerdos que queden claros como, por ejemplo:  

• Entrega de alimentos con adecuado valor nutricional a las responsables de organizar ollas comunes y los comedores populares 

• Entrega de implementos de cocina y otros que sean necesarios para asegurar el funcionamiento de las ollas comunes y los comedores populares

• Elaboración de protocolos para la preparación y distribución de los alimentos con medidas de bioseguridad

Para llevar a cabo la “Estrategia para la Movilización Social frente al COVID-19” se tendrá como aliados a la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del MIDIS, Rondas Campesinas, Comités Comunitarios Anticovid y al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, con la finalidad de conectar al Estado y la sociedad civil sin dejar de vigilar al Estado y que ambos trabajen de manera articulada para que potencien su intervención en dos aspectos, en la disminución de contagios por COVID-19 y la seguridad alimentaria para que la comunidad no padezca, añadió el representante de la Defensoría.

Por su parte, el representante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana señaló que en el caso de la articulación con otras instituciones públicas se cuenta con una experiencia respecto a la vigilancia de la entrega de los bonos, respecto del cual se está enviando los informes respectivos a la Defensoría del Pueblo. Puede afirmarse que esta articulación está funcionando, porque en algunas oportunidades el MIDIS no responde a los informes que envía la CTVC, pero sí le responde a la Defensoría del Pueblo; ahora, con esta iniciativa presentada, se va a fortalecer el accionar de la participación ciudadana.

El CTVC Piura cuenta 57 comités locales constituidos, de los cuales 37 están activos; esto quiere decir que, de alguna manera, estos comités reportan alguna acción que realizan en su distrito o se comunican para consultar alguna situación del proceso de algún programa social, con quienes se vine fortaleciendo con algunos de ellos por plataforma Zoom y por el grupo de Whatsapp de los Comités Locales. 

A su turno, el coordinador regional de la MCLCP, Víctor Palacios Córdova, invitó a las instituciones integrantes del CER a sumarse a la iniciativa de la propuesta para trabajar articuladamente, primero con el mapeo de actores de las instituciones en función a los ámbitos de intervención; y en segundo lugar para elaborar la ruta de trabajo. 

Al finalizar, el pleno del Comité Ejecutivo Regional de Piura respaldó la propuesta para trabajar de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, conformándose un grupo técnico para elaborar la ruta de trabajo. Las instituciones que lo conforman son la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y Progreso.