El Colectivo Institucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslaves que se vienen presentando en diversas regiones de nuestro país. Una situación que genera riesgos para la vida y la salud, y requiere de una solución que comprometa a toda la población en el Perú.

Al 06 de abril, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó más de 241 mil damnificados a nivel nacional, entre ellos alrededor de 70 mil niñas, niños y adolescentes, y más de 95 mil viviendas afectadas, destruidas o inhabitables en todo el país, desde inicios de año. Estas cifras representan el 47% de los datos procesados hasta ahora por el INDECI. El Ministerio de Educación ha reportado 505 centros educativos afectados (1 200 aulas) y 7 503 en evaluación por posibles repercusiones en todo el país. Las estimaciones realizadas por OCHA(1)   y confirmadas por el gobierno, alcanzan las 517 mil personas afectadas, incluyendo 148 000 niños, niñas y adolescentes (2). La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”, ya que se espera que las condiciones de El Niño costero continúen desarrollándose por lo menos hasta invierno del presente año (3).

En ese marco, hacemos un llamado a las autoridades del Estado, de los tres niveles de gobierno, a poner por delante el bienestar de la persona humana y en especial el interés superior de la niñez y adolescencia, para movilizar los recursos y medios públicos a su cargo en atención a la situación existente.

Asimismo, instamos al esfuerzo de hombres y mujeres de todas las edades y partes del país, a sumarse a las iniciativas para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada y afectada.

Compartimos la preocupación por lograr que la ayuda llegue de forma inmediata a toda la población que lo requiere, que reciban una pronta atención que implique respuestas urgentes de atención humanitaria adecuadas a la población a la cual va dirigida la intervención y el inicio de un proceso de rehabilitación y reconstrucción integral, en especial a favor de la población en situación de pobreza o mayores condiciones de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes tal como lo dispone la Ley Nº 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres.

El gran desafío que tenemos como país es cerrar con éxito la etapa de emergencia. Las tareas que tenemos por delante, demandan un esfuerzo que involucra al conjunto del Estado y todos los estamentos de la Sociedad Civil. El plazo que ellas requieren se prevé que sobrepasa el periodo de gobierno de las actuales autoridades locales y regionales y van incluso más allá del mandato de nuestras actuales autoridades nacionales. Ello exige dotarnos de los consensos más amplios posibles para anclar el proceso en bases sólidas que den continuidad a las políticas públicas a lo largo del tiempo.

Atendiendo a estas consideraciones, planteamos las siguientes recomendaciones:

I. ORIENTACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL DEL PROCESO

1. Orientaciones generales

a. El bienestar de la persona humana es el fin supremo de la acción del Estado y de la Sociedad. Los desastres ocurridos ponen de manifiesto la necesidad de reestablecer una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza, condición necesaria para alcanzar ese bienestar, así como de modificar las prácticas sociales que generan y/o reproducen desigualdades que se constituyen en vulnerabilidades que aumentan los riesgos de todas las personas que sufren alguna forma de discriminación o exclusión.

b. Se debe reconocer el impacto diferenciado de las emergencias según las diversas etapas de la vida y sus necesidades, en especial, niñas y niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

c. Se debe reconocer el impacto diferenciado que tiene la emergencia entre hombres y mujeres, lo que supone el desarrollo de políticas y líneas de acción que atiendan esas situaciones desiguales. La forma de abordar la emergencia y los procesos de rehabilitación y reconstrucción no debe ahondar las desigualdades de género y los patrones que están asociados a dichos roles, por el contrario, debe contribuir a una transformación progresiva y dinámica estructural.

d. Se necesita una estrategia de información veraz y oportuna que permita un ejercicio pleno de ciudadanía, promoviendo comportamientos y entornos protectores que eliminen los nuevos riesgos a los que se puede estar expuesto por la emergencia. La información calificada ayuda a tomar decisiones individuales y colectivas ajustadas a las situaciones que se enfrentan. La información debe llegar con prioridad a los grupos afectados a fin de evitar la difusión de noticias inexactas y el aprovechamiento de la situación de emergencia para generar caos y desorden social.

e. La comunicación para ser tal, debe ser bidireccional y recoger la opinión, demanda y propuesta ciudadana. Esta voz debe ser tomada en cuenta y respondida.

f. Urge promover el desarrollo de planes de recuperación temprana, con la participación de las familias afectadas por la emergencia, los representantes de los Sectores del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y Locales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional.

2. Coordinación y Concertación

a. El proceso de reconstrucción comienza con la reactivación de los servicios de salud, educación, alimentación y protección, la reactivación económica y la infraestructura física. Se requiere un enfoque holístico que permita la participación de los diferentes actores sociales y la concertación para hallar soluciones sostenibles, que se base en el respeto a la dignidad humana; es importante tener en cuenta que, los niños, niñas y adolescentes deben estar implicados en los procesos de asistencia y recuperación, ser identificados/as escuchados/as e incorporar su opinión y sus necesidades en las actuaciones para lograr una respuesta más efectiva.

b. En este proceso es importante afirmar y reconocer las acciones que se vienen llevando a cabo por parte de diferentes actores de la Sociedad Civil: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), gremios laborales, empresariales y profesionales, iglesias, organizaciones de mujeres y otras asociaciones comunales. Estas intervenciones, además de apoyar en la emergencia, permiten desarrollar las capacidades organizativas del tejido social nacional. Toda intervención pública debe partir de reconocer estos liderazgos y fortalecerlos.

c. La magnitud de la emergencia demanda fortalecer la coordinación intergubernamental, intrasectorial, intersectorial e interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil, sector privado y las entidades de cooperación internacional. Es fundamental actuar de acuerdo con los roles y responsabilidades que la Ley establece para cada nivel de gobierno, instancia o dependencia, en los procesos de respuesta inmediata, rehabilitación temprana y reconstrucción.

3. Organización y Participación Ciudadana

a. Coordinar las intervenciones del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales, locales y la Sociedad Civil organizada (antes, durante y después de la emergencia).

b. Desarrollar capacidades en los Gobiernos Locales a fin de fortalecer su rol y garantizar el liderazgo de las autoridades distritales y provinciales en el proceso, impulsando la participación y el diálogo con la sociedad a través de la conformación de Mesas de Diálogo, Grupos de Trabajo y Consejos de Coordinación.

c. Fortalecer los instrumentos de participación ciudadana existentes, como son el Presupuesto Participativo (PP) y los Planes de Desarrollo Concertado (PDC).

d. Fortalecer el rol de los Organismos de Control del Estado y su efectiva participación en el proceso de reconstrucción y en la implementación obligatoria de la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno (antes y durante la emergencia).

e. Durante la emergencia, asegurar los servicios de defensa, atención y cuidado de los grupos en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el rol de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, MIDIS, MIMP, DEMUNA, OMAPED, Centros de Emergencia Mujer (CEM), Unidad de Protección Especial (UPE), los Comedores Populares, los programas sociales en marcha, los servicios públicos para la protección integral de las personas, con especial atención a la niñez, adolescencia, personas con discapacidad y adultos mayores.

f. Reconocer, valorar y fortalecer las diversas formas de organización de la población y sociedad civil para que ejecuten las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, Regional o Local.

g. Tras la emergencia, rendir cuentas oportunas de los recursos públicos asignados a la atención de la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

h. Fortalecer la capacidad de resiliencia de las instituciones públicas y las poblaciones organizadas a partir de la evaluación de las intervenciones realizadas.

4. Planificación de la Reconstrucción Integral

a. El proceso de reconstrucción debe tener metas claras con fechas de inicio y término definidas.

b. Contar con acciones preventivas que permitan tener un ordenamiento territorial y una planificación fundamental para una rápida rehabilitación y reconstrucción sin riesgos.

c. Urge identificar todas las comunidades y centros poblados que requieren ser reubicados y las áreas de recolocación disponibles.

d. Los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) deben ser revisados y considerar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), a la luz de la emergencia vivida.

e. La Sociedad Civil organizada debe participar en los procesos de toma de decisiones, seguimiento y monitoreo de la inversión pública.

f. Garantizar el uso adecuado de los sistemas de información específica para que cualquier intervención posterior tenga en cuenta las características del territorio. Esta información debe estar abierta al público.

g. La reconstrucción debe realizarse teniendo en cuenta el medio ambiente natural, dialogando con las comunidades afectadas y dotándolas de servicios de calidad.

h. La planificación de la reconstrucción integral debe responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, entre ellas la niñez y adolescencia.

II. INTERVENCIÓN SECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL

Con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, es necesario contar con un diagnóstico detallado de los impactos y daños ocasionados, donde se incluya lo siguiente:

5. Evaluación de Daños

a. Factores a considerar

i. Padrón Único de personas damnificadas, afectadas y fallecidas.

ii. Identificación de grupos vulnerables más afectados: niñas, niños y adolescentes, madres gestantes, personas con discapacidad, hogares monoparentales, personas adultas mayores, mayores, migrantes y refugiados, identificando sus principales necesidades de forma diferenciada.

iii. Situación de los servicios públicos afectados: agua y saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones; así como de la infraestructura dañada: viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes, canales de regadío, entre otros.

iv. Determinación del impacto en los medios de vida y otras actividades económicas, especialmente la afectación de tierras de cultivo inundadas.

b. Garantizar que todas las personas afectadas cuenten con documentos de identidad, debiéndose emitir de manera gratuita los duplicados que se requieran.

c. Actualizar y garantizar el uso del padrón de damnificados empleado en el EDAN, pues a más de ser útil para la atención de la emergencia, podría complementarse para levantar información requerida en los procesos de rehabilitación y reconstrucción.

d. Para la identificación y determinación de intervenciones aprovechar en lo posible la información ya existente en los sistemas administrativos y registros, tales como: Seguro Integral de Salud (SIS), Focalización de Hogares (SISFOH), RENIEC, Programas Sociales, Registros de Propiedad, próximo pre-censo, entre otros.

e. Los padrones con la relación de las personas afectadas y damnificadas por la emergencia permitirán que se brinde una atención universal y preferente a los grupos más vulnerables, entre ellas, las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, adecuada al tipo de afectación producida, aun cuando no se encuentren en situación de pobreza.

6. Agua, Saneamiento e Higiene

a. Garantizar la rápida evacuación de aguas estancadas, en especial si son aguas servidas.

b. Asegurar el abastecimiento y gestión de agua segura para consumo humano a la población afectada, y socializar mecanismos alternativos como tabletas o soluciones de cloro para la desinfección del agua.

c. Asegurar la provisión de servicios de saneamiento, recojo y eliminación de excretas.

d. Brindar información sobre medidas de higiene adecuadas, incluyendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Proveer de acceso a kits de higiene específicos para niñas, niños y adolescentes.

e. Promover soluciones sanitarias integrales que permitan el baño personal, lavado de ropa y, utensilios de cocina, donde existan las condiciones.

f. Asegurar la disponibilidad de útiles de limpieza en general y de aseo personal de acuerdo a las necesidades.

g. Restaurar el servicio de limpieza pública y eliminación de escombros, residuos sólidos en las zonas afectadas.

7. Violencia de género e intergeneracional

a. Las intervenciones deben incorporar de manera específica, medidas, acciones e iniciativas para enfrentar los problemas de seguridad y protección. Existe evidencia que la violencia de género e intergeneracional tienden a incrementarse en situaciones de emergencia y que tienen un impacto especial y significativo en las niñas, adolescentes, mujeres y población adulta mayor.

b. Compartir las tareas entre hombres y mujeres de diversas edades en forma equitativa dentro del espacio de la organización y servicios.

c. Informar a la población y en forma especial a las mujeres, niñas, niños y adolescentes sobre los servicios y personal a cargo de la atención por violencia familiar (física, psicológica y/o sexual).

8. Protección a niñas, niños y adolescentes

a. Desarrollar estrategias de prevención, detección y respuesta en casos de violencia.

b. Promover estrategias de soporte emocional y actividades lúdicas.

c. Fortalecer las capacidades de los y las operadores locales en temas de protección y garantizar su desempeño en terreno.

d. Promover que niñas, niños y adolescentes accedan a servicios adecuados de atención y protección integral para garantizar sus derechos, especialmente quienes queden en estado de orfandad, y aquellos en situación de calle y/o con discapacidad, a fin de brindarles el acceso a los servicios que corresponden.

e. El sistema de protección no debe interrumpirse por ninguna razón.

9. Salud Pública

a. Sostener y reforzar el primer nivel de atención para que cuente con el personal y medios necesarios que permitan responder oportuna y adecuadamente a las emergencias previsibles hasta que llegue el auxilio especializado que pueda requerirse.

b. Garantizar la atención de salud integral de las poblaciones afectadas por todo tipo de emergencia: incluir campañas de vacunación que permitan mejorar las coberturas de inmunización de niñas y niñas y adolescentes de acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación, y permitan prevenir el surgimiento de enfermedades infecciosas y epidemias.

c. Asegurar la atención especializada y oportuna a las mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores.

d. Garantizar que las personas diagnosticadas con TBC, VIH, así como, con hipertensión, cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas o condiciones particulares sigan recibiendo el tratamiento y medicamentos requeridos en el centro de salud que les corresponde.

e. Ofrecer el servicio de atención psicológica y emocional a la población vulnerable que lo requiera, así como medidas para la recuperación emocional del personal del Estado, social y voluntarios que estén participando en las actividades de atención de la emergencia, a fin de evitar el síndrome de agotamiento profesional.

f. Promover el desplazamiento de brigadas de salud a las zonas más alejadas, integrando en sus acciones, la vacunación, monitoreo de gestantes, control nutricional y vacunación de niñas y niños y atención de enfermedades crónicas.

g. Implementar una estrategia integral para la prevención del dengue que incluya: medidas sanitarias, acciones educativas en escuelas y barrios, y finalmente, condiciones y herramientas para prevención en los hogares.

10. Educación

a. Evitar el uso de escuelas como albergues temporales, a fin de asegurar la continuación de las clases. En caso de uso del local para atender emergencias (como último recurso) generar las condiciones para un retorno pronto y seguro a clases.

b. Verificar que las escuelas cumplan con los estándares óptimos para el desarrollo de las actividades educativas: instalaciones seguras, servicios higiénicos adecuados, sistemas de agua y desagüe, docentes capacitados, materiales educativos suficientes para el alumnado, etc.

c. Reponer los útiles escolares y mobiliario que hayan sido dañados durante la emergencia.

d. Asegurar la disposición de útiles escolares y conectividad para los niños y niñas de las familias damnificadas, así como elementos de higiene en las escuelas.

e. Diseñar e implementar estrategias que permitan identificar y recuperar a los estudiantes que tuvieron que dejar de estudiar.

11. Vivienda temporal y Albergues planificados

a. Proceder en el más breve plazo a reemplazar las carpas por viviendas temporales, y donde se requiera por albergues planificados. Los módulos temporales de vivienda deben cumplir al menos con los Estándares Mínimos de la Respuesta Humanitaria (Normas Esfera), asignando al menos un espacio de 3 m2 por persona.

b. Garantizar el abastecimiento de agua, alimentación, energía adecuados y suficientes según la cantidad de personas alojadas para el buen funcionamiento de las viviendas y albergues temporales.

c. Garantizar la seguridad y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y personas adultas mayores que se encuentren en los albergues temporales, mediante la habilitación de espacios diferenciados para dormir, servicios higiénicos para varones y mujeres, complementadas con acciones de vigilancia que permitan prevenir cualquier forma de violencia.

d. Los albergues comunitarios deben estar a cargo de los grupos humanos que los ocupan. Para ello, hay que apoyar la organización adecuada de la población involucrada.

e. Garantizar que en ningún caso se usen los locales escolares como albergues.

12. Medios de Vida

a. Atendida la emergencia en el primer nivel de respuesta humanitaria, debe contemplarse la entrega de una subvención económica temporal a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población damnificada

b. Evaluar los contextos diferenciados existentes: urbano y rural, varones y mujeres, personas de distintos grupos de edad y culturas, a fin de generar las oportunidades económicas más adecuadas a la realidad de la población.

c. Destinar recursos económicos bajo la modalidad de seguros o donaciones para la recuperación de los activos de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, tales como: maquinarias, equipos, capital de trabajo, semillas, insumos, etc. El apoyo puede darse mediante transferencias monetarias o créditos subsidiados.

d. Los hogares monoparentales requieren atención preferente en especial cuando tienen carga familiar (niñas/os en los primeros años de vida, adultos mayores o familiares con discapacidad) porque las condiciones para reactivar su economía son más difíciles considerando que sus titulares cumplen un rol múltiple.

e. Desarrollar propuestas para generar y/o recuperar el ingreso económico de las personas afectadas, mediante la generación de trabajo temporal orientado a la rehabilitación de las economías locales.

f. Destinar un presupuesto para el mejoramiento inmediato de caminos rurales y puentes en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, para que los centros poblados que queden aislados no sufran de hambruna.

g. Asignar claramente responsabilidades a los Gobiernos Locales y las Juntas de Usuarios para la pronta recuperación de las redes de agua para riego y las redes de agua para consumo humano. Tener en cuenta también, el padrón de usuarios en las tareas de recuperación de redes.

Perú, 18 de abril de 2023

 Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia

• Acción por los Niños

• Aldeas Infantiles SOS Perú

• Asociación Niños a la Vida

• Asociación Kusi Warma

• ADN Juvenil

• Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo

• Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)

• CHS Alternativo

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

• Fundación Ayuda en Acción

• Global Network of Religions for Children (GNRC – Perú)

• Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN)

• Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores (IFEJANT)

• Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES)

• Iniciativa Ciudadana Inversión en la Infancia

• Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)

• Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC)

• ONG Tarpusunchis

• Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue

• Prisma

• Plan International

• Red de Estudiantes y Egresados de Maestrías y Diplomados de Infancia del Perú (REMDI)

• Save the Children

• Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud

• Terre des Hommes Suisse Peru

• Voces Ciudadanas

• World Vision Perú

(1)Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

(2)Reporte de Situación Humanitaria en Perú N° 1, del 1 de marzo al 4 de abril de 2023, Unicef Perú.

(3)Comunicado Oficial ENFEN N°05-2023 13 de abril de 2023.

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