Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Presentan resultados de la Consulta Nacional sobre el Inicio del Año Escolar 2026 en más de 4 400 escuelas

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) presentaron los resultados de la Consulta Nacional sobre el Inicio del Año Escolar 2026, realizada en 4 454 instituciones educativas de 23 regiones del país, en una sesión de diálogo con participación de representantes del Ministerio de Educación (MINEDU), el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de organizaciones de la sociedad civil y Estado de la MCLCP conectados desde diversas regiones del país.

Los resultados evidencian importantes diferencias entre regiones y territorios, así como brechas persistentes en infraestructura educativa, acceso a agua y saneamiento, mantenimiento de escuelas, gestión educativa y prestación del servicio de alimentación escolar. Asimismo, muestran los efectos que continúan generando los fenómenos naturales sobre las condiciones para el desarrollo del servicio educativo.

Principales resultados 2026

Uno de los principales hallazgos está relacionado con la afectación de la infraestructura escolar. El 27 % de las instituciones educativas consultadas reportó que, durante el primer trimestre del año, su infraestructura fue afectada por lluvias, huaicos u otros fenómenos naturales. Las regiones de Puno, Cusco, Tumbes, Huancavelica y Huánuco registran entre el 30 % y el 56 % de escuelas afectadas y, tanto en 2025 como en 2026, se mantienen por encima del porcentaje nacional.

La consulta también confirma que persisten brechas en el acceso a servicios básicos. Los mayores porcentajes de instituciones educativas con problemas de acceso a agua potable y saneamiento se registran en Ucayali (64,1 %), Amazonas (48,9 %), Cajamarca (45,5 %), Loreto (38,8 %) y Huánuco (32,9 %).

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura educativa, el 72,3 % de las instituciones educativas recibió recursos para este fin; sin embargo, del total que los recibió, el 53,9 % no logró ejecutarlos, lo que evidencia desafíos en la gestión y uso oportuno de estos recursos.

La contratación oportuna de docentes continúa siendo otro de los retos identificados. Las regiones con mayor porcentaje de instituciones educativas que no contaban con la totalidad de docentes contratados al inicio de clases fueron Ucayali (23,4 %), Loreto (23,3 %), Ayacucho (15,5 %), Piura (15,5 %) y Madre de Dios (15,2 %). En particular, Loreto y Madre de Dios se mantienen por encima del valor nacional tanto en 2025 como en 2026 para este indicador.

Respecto a la distribución de materiales educativos, el 23,6 % de las instituciones educativas reportó no haber recibido el material completo al inicio del año escolar. Las mayores afectaciones se registraron en Cajamarca (41,4 %), Loreto (38,8 %), Madre de Dios (36,4 %), Callao (35,7 %) y Amazonas (33 %).

La consulta también identificó limitaciones en la disponibilidad de aulas, mobiliario y equipamiento escolar. En el caso de la disponibilidad de aulas para todos los estudiantes, los mayores porcentajes se registran en Ucayali (16,5 %), Amazonas (15,9 %), Junín (14,9 %) y Lima Provincias (11,3 %). En relación con la disponibilidad de sillas y mesas, destacan Madre de Dios (27,3 %), Loreto (25,9 %), Ucayali (24,3 %), Junín (23,4 %) y Puno (18,2 %). Ucayali se mantiene por encima del valor nacional tanto en 2025 como en 2026 para ambos indicadores.

Veeduría del CTVC al Programa de Alimentación Escolar

En el marco de la jornada también se presentó el Informe Final de Vigilancia Ciudadana al Programa de Alimentación Escolar (PAE) Perú 2026, elaborado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), enfocado en los hallazgos obtenidos tras la vigilancia de 1 526 instituciones educativas en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao. El informe es elaborado también a partir de las visitas a las escuelas, sin embargo el CTVC incorpora una serie de preguntas focalizadas en el funcionamiento del servicio de alimentación escolar para identificar deficiencias en los procesos de control, trazabilidad y capacitación del personal responsable.

Entre los principales hallazgos de la vigilancia ciudadana destacan que el 69,3 % de las instituciones educativas presenta diferencias entre el número de estudiantes atendidos registrado en las actas y la matrícula oficial; el 66,8 % no reportó estas diferencias al Programa de Alimentación Escolar (PAE); el 44,6 % de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) no recibió asistencia técnica del Analista Local; y el 33,9 % de los manipuladores de alimentos no cuenta con capacitación en higiene y preparación de alimentos.

Próximos pasos

La Consulta Nacional sobre el Inicio del Año Escolar es impulsada por tercer año consecutivo a nivel nacional y constituye un mecanismo de vigilancia ciudadana que permite identificar avances, brechas y desafíos en la prestación del servicio educativo, aportando información para fortalecer la gestión pública y promover el ejercicio del derecho a una educación de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes.

Como principal acuerdo de la sesión; que contó con la participación del equipo del Programa de Alimentación Escolar, liderado por su directora ejecutiva, Scarlet Díaz; se planteó la conformación de una mesa técnica interinstitucional para fortalecer la articulación entre los sectores involucrados, priorizando la atención de Loreto y otras regiones amazónicas. Asimismo, se contó con los comentarios de especialista en currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular del MINEDU, Carmen Yupan, quien indicó la relevancia de realizar la Consulta en otros periodos del año escolar a fin de tener un seguimiento más preciso de las condiciones del funcionamiento de las escuelas.


La MCLCP y el CTVC destacaron que el seguimiento ciudadano permanente y la coordinación entre el Estado y la sociedad civil son fundamentales para mejorar las condiciones del servicio educativo y garantizar el derecho a una educación de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes.


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