Iquitos, 16 de julio de 2026.- En el marco de su compromiso con la promoción del diálogo democrático, la defensa de los derechos humanos y el seguimiento concertado de las políticas públicas, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) – Región Loreto fue sede de la conferencia de prensa realizada en vísperas de la audiencia del Tribunal Constitucional que abordará la demanda de amparo presentada por el pueblo indígena Secoya para el reconocimiento pleno de su territorio ancestral.

La actividad reunió a representantes de la Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE), la Federación Kichwa, el equipo técnico-legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) y diversos medios de comunicación de la región, quienes compartieron información sobre el proceso constitucional que será visto este 17 de julio, en una audiencia considerada histórica al ser la primera que el Tribunal Constitucional realiza en la región Loreto.

Durante el encuentro se explicó que la demanda de amparo fue interpuesta en el año 2021 por el pueblo Secoya contra el Estado peruano, con el objetivo de obtener el reconocimiento de la propiedad integral de su territorio ancestral. La demanda cuestiona el actual sistema de titulación que aplica el Estado, mediante el cual una gran parte de los territorios indígenas son otorgados bajo la figura de cesión en uso en las áreas clasificadas como forestales, en lugar de reconocer la propiedad plena sobre la totalidad del territorio que ancestralmente ocupan.

El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que entre el 90 % y el 95 % de los territorios reconocidos por el Estado a los pueblos indígenas se encuentran bajo esta modalidad, lo que limita el ejercicio pleno de sus derechos territoriales. Asimismo, sostuvo que este mecanismo no es compatible con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de los territorios que tradicionalmente ocupan.

Los representantes del pueblo Secoya recordaron que su presencia en este territorio amazónico se remonta a más de 1,500 años, por lo que consideran indispensable que el Estado garantice la seguridad jurídica sobre sus tierras ancestrales. Indicaron que la falta de un reconocimiento pleno ha generado diversas afectaciones para los pueblos indígenas, limitando la protección de sus territorios, su identidad cultural y sus formas tradicionales de vida.

La audiencia del Tribunal Constitucional representa un hecho de especial relevancia para los derechos colectivos de los pueblos indígenas del país, ya que la decisión que adopte este máximo órgano de control constitucional podría establecer un precedente respecto al reconocimiento de la propiedad territorial de las comunidades indígenas en el Perú.

Desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Región Loreto, reafirmamos nuestro compromiso de promover espacios de diálogo, información y concertación entre el Estado y la sociedad civil, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza democrática, el respeto de los derechos colectivos y la construcción de políticas públicas que garanticen el desarrollo con inclusión y justicia para los pueblos indígenas de la Amazonía.