Uno de los impactos económicos y sociales de la pandemia por COVID-19 ha sido la inseguridad alimentaria en el mundo; además, la crisis de la “Guerra en Ucrania” también ha calado en las economías de varios países de América Latina, entre ellos, el Perú. La inflación exagerada en los precios de los alimentos, el alto costo de los combustibles, la escasez de fertilizantes, entre otros factores a los cuales se suma los efectos del cambio climático. En este contexto, es preciso plantear alternativas que permitan cumplir con el objetivo de hambre cero para 2030 en el marco de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) desde el año 2008 realiza un seguimiento concertado entre actores del Estado y sociedad civil al avance y/o retroceso en la implementación de las políticas públicas de lucha contra la malnutrición en el país. En octubre del presente, el “Subgrupo de Trabajo de Nutrición y Anemia No” de la MCLCP, aprobó la alerta denominada “Perú: La Prioridad del Abordaje Integral de la Inseguridad Alimentaria, Hambre y Malnutrición en el Contexto de Crisis Agroalimentaria”, el documento analiza la situación de la seguridad alimentaria y la malnutrición en el país, las principales medidas del Estado ejecuta para enfrentar la crisis y plantea 40 recomendaciones de medidas multisectoriales, articuladas y coordinadas, entre niveles de gobierno y diversos actores, para enfrentar la emergencia por la crisis agroalimentaria y la malnutrición.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó que para el periodo 2019-2021, 16.6 millones de personas en el Perú se encontraban en inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, más del 50% de la población, no tuvo dinero suficiente para llevar una dieta saludable, estuvieron en incertidumbre sobre su capacidad de obtener alimentos, o probablemente se saltaron una comida o se quedaron sin alimentos ocasionalmente. La FAO también estimó que, en el país hay 6.8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, es decir, el 20% de la población estuvo todo un día sin comer en repetidas oportunidades en un año.

El problema de inseguridad alimentaria va de la mano con un aumento acelerado de la pobreza. Según el INEI, en 2019 el 20.2% de la población estaba en situación de pobreza; en 2020 aumentó a 30.1% y si bien en 2021 bajó a 25.9%, el Perú está lejos aún de niveles pre pandemia. También, va de la mano con el bajo acceso al agua potable en la población rural y el bajo acceso al agua segura para consumo humano en la población rural. Según el INEI (ENAPRES 2021), el 76.4% de la población del ámbito rural tiene acceso al servicio de agua potable, y a su vez, sólo el 2.9% de los hogares del ámbito rural tienen acceso a agua segura para el consumo humano. Esto aumenta el riesgo de la aparición de enfermedades infecciosas en la población rural como las enfermedades diarreicas y las enfermedades respiratorias que inciden en el incremento de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad infantil. Asimismo, tiene impacto en producción agrícola doméstica y por tanto en la disponibilidad y estabilidad de alimentos. Otro problema creciente es la contaminación por pesticidas de los productos agroalimentarios, que afectan la inocuidad de los alimentos y dañan la salud de las personas.

Según la evaluación de inseguridad alimentaria desarrollada por MIDAGRI, MIDIS y el Programa Mundial de Alimentos entre agosto y noviembre 2021, la inseguridad alimentaria aumentó en el Perú. El 51% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria. Los departamentos ubicados en el primer quintil de inseguridad alimentaria son: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Áncash con valores por encima del 59%. En los departamentos de la selva, el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria se encuentra en Amazonas (56.6%) y San Martín (55.3%).

Los datos indican que, la mayoría de las formas de malnutrición en el mundo tienen su origen en la pobreza y la desigualdad. Los niños y las niñas que viven en situación de extrema pobreza en países de ingresos bajos, especialmente en zonas rurales y dispersas, tienen más probabilidades de estar subalimentados y malnutridos. Asimismo, tienen menos probabilidades de tener acceso a agua limpia, saneamiento, atención médica y terminar la escuela. No obstante, una nutrición adecuada desde la gestación y desde temprana edad puede romper tanto el circulo de la malnutrición como el circulo de la pobreza.

De acuerdo a la OMS/UNICEF, la anemia en menores de 3 años de edad sigue siendo el problema más grave en el Perú. Entre los años 2019 y 2020 hubo un estancamiento de este indicador, con una prevalencia de anemia 40% en los menores de 3 años de edad. En el año 2021, se redujo a 38.8%; sin embargo, hacia el primer semestre del año 2022, se ha observado un incremento de 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 38.8 puntos porcentuales a 40.9 puntos porcentuales entre el año 2021 y el primer semestre del 2022. (Fuente: INEI-ENDES)

Por otro lado, los resultados del INS/CENAN, muestran que, el sobrepeso y obesidad está en aumento en la infancia y la adolescencia y es más alta en el grupo de niños y niñas de 5 a 9 años de edad (37.4%), donde se observa una tendencia al incremento. Le siguen las y los adolescentes (25%) y los menores de 5 años de edad (9.1%). Esto es de especial preocupación sobre todo en los niños y niñas en edad escolar donde se debe garantizar una alimentación adecuada, suficiente y saludable para alcanzar salud y bienestar a lo largo de la vida. A nivel de departamentos de país, para el año 2021, 10 regiones se encuentran por encima del promedio nacional en sobrepeso y obesidad en menores de 5 años de edad (encima del 9.1%). Los porcentajes más altos están en Tacna, Callao, Moquegua y Lima (superaron el 15%).

Frente a esta situación la MCLCP ha planteado recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales, regionales y locales para enfrentar la emergencia por la crisis agroalimentaria y la malnutrición en el Perú; entre ellas, sostener el bienestar y la protección social de la población en situación de pobreza y con diversas vulnerabilidades, impulsar medidas para promover y apoyar a la agricultura familiar, sostenibilidad de las estrategias locales de apoyo o atención alimentaria. La ampliación de la cobertura de los programas sociales, fortalecimiento de la implementación de las principales intervenciones en nutrición y desarrollo infantil temprano, promoción de la alimentación saludable, vigilancia del uso de agroquímicos en la producción agrícola nacional y la inocuidad de los alimentos y fortalecimiento de las políticas de protección al empleo, entre otras medidas que garanticen el acceso a derechos básicos y fundamentales de todas las personas en igualdad de condiciones para alcanzar una vida digna.