La mortalidad materna y el embarazo en adolescentes está estrechamente relacionada con el incumplimiento de múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación. En el Perú, la carga de la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes la soportan de forma desproporcionada las mujeres que viven en situación de pobreza y las de minorías étnicas o indígenas. La pandemia de COVID-19, ha profundizado las brechas y desigualdades socioeconómicas golpeando especialmente a la población más desfavorecida y en situación de pobreza y exclusión, siendo nuevamente las más afectadas las mujeres y las niñas.

La mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años (Fuente: UNFPA). En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mujeres mayores de 20 años. A pesar de ello, en América Latina y el Caribe, el embarazo y la maternidad en las niñas y adolescentes menores de 15 años va en aumento. América Latina es la segunda región a nivel mundial con la tasa más alta de embarazo entre adolescentes y la primera con la tasa más alta entre niñas menores de 15 años de edad.

Las muertes maternas son evitables mediante la prestación oportuna de servicios e intervenciones costo-efectivas tales como el acceso al parto por personal calificado en establecimientos de salud, el acceso a la atención prenatal de calidad, el acceso a métodos modernos de planificación familiar, el acceso a consejería/orientación y educación sexual integral, el buen funcionamiento de los servicios de salud desde el primer nivel de atención, además del acceso a sangre segura y a las referencias y contra referencias.

Desde el año 2008, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) realiza un seguimiento concertado entre actores del Estado, sociedad civil y cooperación a la implementación de las políticas públicas de salud, entre ellas la salud materna neonatal y el embarazo en adolescentes. En el primer semestre del año 2022, a través del "Subgrupo de Salud Materno Neonatal-Equipo de Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud" de la MCLCP, se aprobó el documento “Perú. Mortalidad Materna y Embarazo en Adolescentes en el Contexto de COVID-19. Un problema de derechos humanos, inequidad y de desarrollo”.

A partir de la información analizada, se observa como las muertes maternas llevaban una tendencia a la reducción en el Perú hasta el 2019, con la pandemia por la COVID-19, estos resultados se revirtieron observándose un incremento de las muertes maternas entre los años 2020 y 2021, al pasar de 302 en el 2019, a 439 en el 2020 y a 493 en el 2021. Esta cifra es la más alta de los últimos 13 años. Las principales causas de las muertes maternas son directas e indirectas. Las regiones del país con mayor índice de casos son Piura, Lima Metropolitana, La Libertad, Cajamarca, y Loreto, que concentran más del 50% de las muertes maternas. En el 2021, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Loreto y San Martín tuvieron más del 70% de muertes maternas por causas directas, tales como hemorragias e hipertensión. En esa misma línea, Callao, Ica y Lima, tienen más del 90% de muertes maternas por causas indirectas, principalmente por COVID-19.

Las muertes maternas ocurrieron en su mayoría durante el periodo del puerperio, en los establecimientos de salud, principalmente en el II y III nivel de atención. Esto último es de preocupación, pues en la pandemia se tuvo un menor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, disminución de personal de salud y una priorización de la atención hacia COVID-19. Otro elemento de preocupación observado es la tendencia al incremento de partos domiciliarios en el país y a la vez el incremento de muertes maternas en domicilio, en especial en las regiones de la zona nororiental. Según el registros administrativos del MINSA, en el 2019 se tuvo 3,778 partos domiciliarios, en el 2020 se tuvo 5,903 partos domiciliarios, en el 2021 se tuvo 9,650 partos domiciliarios y hacia el mes de mayo 2022, ya se ha reportado 3,483 partos domiciliarios en el país.

Otro elemento de preocupación adicional son los embarazos y partos entre adolescentes menores de 15 años donde existe un mayor riesgo de muerte materna. En este grupo se ha observado una tendencia al incremento de embarazos y partos durante la pandemia. Según los registros administrativos del Ministerio de Salud del Perú, el número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1,177 a 1,437 entre 2020 y 2021. Entre los cuales, los partos en niñas de 11 años a menos de edad fueron 22 en el año 2020 y 7 en el año 2021. En el 2021, Loreto y Ucayali registraron los mayores números de partos en menores de 15 años, 242 y 176 respectivamente. En el primer semestre del 2022, se han registrado 609 partos en menores de 15 años. Loreto y Ucayali tienen el mayor número de partos en menores de 15 años en el país, 95 y 85 respectivamente. En el Perú, el embarazo en una niña de 14 años o menos edad es -en todos los casos- consecuencia de una violación sexual, según lo establecido por el ordenamiento legal peruano. En la pandemia, lamentablemente las niñas se ha encontrado más expuestas a las agresiones sexuales.

En las adolescentes de 15 a 19 años, se observó desde el año 2019 una tendencia hacia la reducción del embarazo en adolescentes, no obstante, en el 2021, el embarazo y maternidad de adolescentes de 15 a 19 años, aumentó de 8.3% en el 2020 a 8.9% en el 2021. Asimismo, en el área rural, aumentó de 12.4% a 15.6% y en el área urbana, aumentó de 6.9% a 7.2% entre los años 2020 y 2021. En Perú, las adolescentes con mayor riesgo de embarazo son las que se encuentran en situación de pobreza, con menos acceso a educación y/o provienen de zonas rurales y/o de la selva. En el 2021, el porcentaje de embarazo y maternidad de adolescentes es de 15.6% en las zonas rurales, 14.6% en las residentes en la selva, en las que se encuentran en situación de pobreza es de 16.5%, y en las que tienen o tuvieron menor acceso a la educación es de 33.6%. De allí la importancia de resolver los problemas de desigualdad existentes, entre ellos el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la educación y a la educación sexual integral en niñas y adolescentes.

Finalmente, en el documento se plantean recomendaciones al Congreso de la República, a los sectores del Estado, a los Gobiernos Regionales y Locales, y a los Candidatos y Candidatas que participan en las “Elecciones Regionales y Municipales 2022”, para contribuir a priorizar medidas y/o estrategias para reducir las muertes maternas y neonatales y prevenir el embarazo en adolescentes en el país, en el actual contexto de riesgo de retroceder en el país en la agenda de derechos humanos de las mujeres. Tres de las principales recomendaciones están orientadas a seguir priorizando en las políticas y normativas nacionales medidas que contribuyan a garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres en todo el curso de vida teniendo como marco las normativas internacionales y recomendaciones de obligatorio cumplimiento para los Estados, y que, a su vez, nos permita avanzar como país en terminar con la discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas .

Asimismo, realizar el seguimiento de la implementación de la normativa y políticas nacionales, regionales y locales para reducir las muertes maternas y neonatales en el país, así como el embarazo en adolescentes. A su vez, se plantea a los candidatos y candidatas que participan en las “Elecciones Regionales y Municipales 2022" , priorizar en sus planes de gobierno las propuestas del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP para fortalecer las gestiones regionales y locales que protejan y promuevan los derechos de la niñez y adolescencia.