Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cusco ratifica a coordinadora regional | MCLCP
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cusco ratifica a coordinadora regional

En sesión virtual extraordinaria, el jueves 10 de febrero del presente, el Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Cusco, de manera unánime y consensuada ratificó en el cargo de coordinadora regional a Amparo Vargas Flores, quien se desempeña en tan importante labor desde el año 2020.

El ejercicio de la coordinación regional de la Mesa de Concertación de Cusco abarcará el periodo 2022-2023. Amparo Vargas, quien es la primera coordinadora regional mujer ratificada en Cusco por un periodo consecutivo, es docente de educación inicial, con estudios de Psicología y Gerencia Pública. Los integrantes del CER de Cusco destacaron la labor que la coordinación ha venido desempeñando, con capacidad de concertación, convocatoria, diálogo, transparencia, escucha activa y con amplio conocimiento y experiencia en espacios de concertación.

En este periodo de gestión y frente al contexto de las elecciones regionales y municipales del 2022, Amparo Vargas manifestó su compromiso en el fortalecimiento de los espacios de concertación locales, involucramiento de nuevos actores, trabajo coordinado con las agencias regionales de desarrollo, participación ciudadana en pro de la reactivación económica y empleo digno. Una de las actividades prioritarias será el diálogo con las y los candidatos de los próximos procesos electorales para priorizar la atención a las grandes brechas de pobreza multidimensional y población en vulnerabilidad.

Dentro de las principales funciones de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza están, concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género, lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza, Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y concertación de la política social del Estado y finalmente maximizar la transparencia e integridad en la gestión de los programas de lucha contra la pobreza.