El 76,1% de los aspirantes a los gobiernos regionales en todo el país suscribió los Acuerdos de Gobernabilidad para el periodo 2027–2030, promovidos por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) en todas las regiones del país.
Los acuerdos son resultado de un proceso de diálogo y concertación desarrollado durante los meses de agosto y setiembre del 2026, entre las organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector público, cooperación internacional y especialistas. Han sido articulados con las políticas del Acuerdo Nacional, políticas nacionales y regionales, planes de gobierno y propuestas de la sociedad civil.
Son 26 acuerdos de gobernabilidad que plantean indicadores y metas distintas, según las prioridades de cada región, en las dimensiones social, económica, ambiental e institucional, con una proyección al año 2030 y líneas de base que permitirán realizar el seguimiento concertado y evaluar los avances en su cumplimiento.
Los Acuerdos de Gobernabilidad 2027–2030 colocan en el centro de la agenda regional la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población y enfrentar brechas que persisten en salud, educación y protección social.
Entre las principales prioridades aparecen la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil, la mejora de los servicios de salud y nutrición, la reducción de la mortalidad materna y neonatal y la prevención del embarazo en adolescentes. A ello se suman compromisos para mejorar los logros de aprendizaje y garantizar el acceso, permanencia y conclusión de la trayectoria educativa.
La protección frente a la violencia de género y la violencia contra niñas, niños y adolescentes también ocupa un lugar relevante en esta agenda, junto con la atención de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de la salud mental. En conjunto, estos compromisos reflejan una preocupación por atender las distintas etapas de la vida y a las poblaciones que enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos.
Instituciones más articuladas, transparentes y abiertas a la ciudadanía
Los acuerdos también plantean cambios en la manera de gestionar los territorios. La planificación y articulación territorial, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción forman parte de los compromisos orientados a mejorar la gestión pública.
La agenda institucional incorpora además la transparencia y rendición de cuentas, así como medidas para fortalecer las instituciones y la seguridad ciudadana. El propósito es avanzar hacia gobiernos regionales con mayor capacidad para planificar, coordinar acciones y responder a las necesidades de la población.
Prevenir riesgos y proteger los recursos naturales
Frente a los desafíos ambientales y territoriales, los acuerdos plantean fortalecer la gestión del riesgo de desastres, la prevención y reducción de riesgos y la adaptación frente al cambio climático.
La protección de la biodiversidad y los ecosistemas, el cuidado de los recursos hídricos y las cuencas, el agua y saneamiento y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental también forman parte de las prioridades. Esta agenda se vincula con propuestas para promover un desarrollo rural sostenible y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Más empleo, formalización y oportunidades para el desarrollo productivo
En la dimensión económica, los acuerdos plantean generar mejores condiciones para el empleo y la actividad productiva, con especial atención a las micro y pequeñas empresas, su formalización y fortalecimiento.
También se incorporan compromisos para promover el empleo juvenil, incluido el de jóvenes que no estudian ni trabajan, así como el empleo digno y la mejora de ingresos. La infraestructura vial y el transporte aparecen como condiciones necesarias para conectar territorios y ampliar oportunidades.
La agenda productiva incluye además el fortalecimiento de la agricultura familiar, mediante asistencia técnica, capacitación y recursos para mejorar la producción; así como compromisos relacionados con la pesca y acuicultura, el riego y el agua para la producción y el turismo.
Una agenda de compromisos con horizonte al 2030
En conjunto, los Acuerdos de Gobernabilidad 2027–2030 configuran una agenda de bienestar social, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento institucional.
Los compromisos comprenden desde la mejora del estado nutricional, la educación, la salud y la protección frente a la violencia, hasta la promoción del empleo y la actividad productiva, la gestión de los recursos naturales y la prevención de riesgos, junto con medidas para fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la gestión pública.
Las metas tienen como horizonte el año 2030 y cuentan con líneas de base que permitirán realizar el seguimiento concertado y evaluar los avances en su cumplimiento, como parte del proceso de concertación promovido por la MCLCP.
La construcción de estos acuerdos contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, sectores públicos, cooperación internacional y especialistas en las diferentes regiones del país.
Desde el año 2002 , mediante los Acuerdos de Gobernabilidad, la MCLCP impulsa compromisos de lucha contra la pobreza. Estos Acuerdos son implementados a partir de la conformación de grupos de trabajo entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales. De esa manera, la MCLCP impulsa su labor de diálogo y concertación también en contexto electoral, generando consensos para la protección de las poblaciones más vulnerables, en situación de pobreza y desprotección.

Foto: Acuerdo por el Cusco 2027-2030

Foto: Acuerdo de Gobernabilidad Tumbes 2027-2030

Foto: Acuerdo de Gobernabilidad Arequipa 2027-2030

Foto: Acuerdo de Gobernabilidad de Puno 2027-2030