La Defensoría del Pueblo, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de emergencia sanitaria del Congreso de la República, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, presentaron la Agenda para Gobiernos Regionales y Locales en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este documento, instó a las nuevas autoridades a comprometerse con los objetivos señalados, de tal manera que se garantice la atención de este grupo de especial vulnerabilidad.

En efecto, la situación de la niñez y la adolescencia en el Perú está marcada por diversos problemas. Así, uno de las situaciones más graves tiene que ver con los hechos de violencia escolar reportados en el portal SíSeVe, que indica que, del 1 de enero al 31 de octubre, se han registrado más de 9 mil casos, principalmente entre estudiantes de forma física. Adicionalmente, los Centros Emergencia Mujer, entre enero y setiembre, han atendido más de 7 mil casos de violencia, especialmente de violación sexual.

Frente a esta situación, cobra especial relevancia el compromiso que deben tener los gobiernos regionales y locales para cumplir con sus principales obligaciones frente a esta situación de violencia, en educación, salud, identidad, recreación, embarazo adolescente, trabajo infantil, entre otros. Se recuerda que, el 1 de enero de 2023, asumirán las nuevas autoridades electas, lo que representa una oportunidad clave para una gestión que garantice los derechos de las personas menores de edad.

Así, dentro de las obligaciones presentadas en la agenda, resalta la necesidad de asegurar una amplia difusión de los derechos de niñas/os y adolescentes en las instancias locales y regionales de gobierno, de la sociedad civil, comunidades y familias. Además, es clave prestar especial atención a las y los afectados por problemas creados por los cambios económicos, sociales y culturales, en especial a miembros de familias indígenas, en movilidad humana, o aquellas/os en situaciones de riesgo o que necesiten cuidados y protección especial.

Asimismo, urge que se establezcan y fortalezcan servicios y programas de carácter comunitario que respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de las y los adolescentes, y ofrecer, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados a esa etapa de vida. También, se debe articular la planificación regional y local con los objetivos y lineamientos de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.

Cabe resaltar que la agenda presentada también contiene obligaciones vinculadas a la niñez y adolescencia en riesgo o desprotección familiar, atención y prevención de la violencia y todas las formas de explotación, trabajo infantil, prevención del embarazo adolescente, identidad, participación infantil, derecho a la recreación, derecho a la educación, derecho a la salud y nutrición, derecho a la protección social, y presupuesto.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo dentro de sus competencias constitucionales velará para contribuir en garantizar el goce efectivo de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Nota:  Para la elaboración de la Agenda se han considerado los resultados de la consulta nacional sobre los derechos de la niñez y adolescencia realizada en el marco del proceso electoral 2022, con participación de 11, 705 niñas. niños y adolescentes. Para conocer los resultados y detalle del proceso revise: https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/tenemoslapalabra-presentan-resultados-de-la-consulta-nacional-dirigida-a-la-ninez-y-adolescencia-en-el-marco-de-las-elecciones-regionales-y-municipales-2022