Frente al avance del COVID-19  y su amenaza a las comunidades indígenas y nativas de nuestro país, urge implementar medidas de protección y atención para lo cual es clave mejorar el diálogo entre las autoridades nacionales, regionales, comunales y la población, con participación de todos los sectores del gobierno. Por ello, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza convocó al Diálogo Políticas Públicas para la atención de la población indígena frente a la emergencia por el COVID-19 que reunió a representantes de las comunidades y autoridades nacionales.

En esta ocasión participaron la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú, Ángela Acevedo, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) , Lizardo Cauper, y la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Melania Canales.

La viceministra Ángela Acevedo explicó los alcances de las medidas tomadas por su sector para enfrentar el avance de la pandemia con una estrategia de cinco ejes. Señaló que ya se ha aprobado un presupuesto para acciones en comunidades indígenas que tiene que estar enmarcadas en salud, en el caso de abastecimiento de alimentos se esta viendo con el programa Qali Warma la entrega a las familias, para el tema informativo y pueblos en aislamiento se está fortaleciendo todo el sistema de protección tanto en vigilancia y monitoreo como el trabajo con comunidades aledañas y la adaptación comunicacional de las herramientas, entre otras medidas.

Por su parte, Lizardo Cauper de AIDESEP indicó que se requiere promover las actividades económicas con un enfoque de pertinencia cultural que reconozca la diversidad de la Amazonía. "AIDESEP ha identificado 210 actividades económicas que se pueden promover y que para ello se requiere mirar este escenario con un enfoque de pertinencia cultural pero con acciones, que reconozca el conocimiento ancestral cultural". "Nos sentimos excluidos, en 40 años de actividad petrolera no hay servicios básicos de agua ni potabilizados, solo tenemos ríos contaminados, no se puede producir ahí. Hay que entender que la población no solo trabaja en agricultura sino que somos artesanos agricultores, pescadores somos una diversidad".  El representante explicó que como parte de las medidas de protección están pidiendo que no haya reactivación de actividades forestales por el riesgo que significa para las comunidades  el ingreso de más personas a la Amazonía en medio de la pandemia.

Melania Canales de ONAMIAP manifestó que se requieren acciones de parte de los sectores en especial del viceministerio de Interculturalidad. "Nos preocupa que a más de 70 días de la emergencia no haya habido protocolos para las comunidades indígenas, menos para las mujeres". La dirigente indicó  que desde el principio se necesitaron lineamientos y asesoramientos para detener el avance del COVID-19, con gobiernos locales y las comunidades, con medidas de prevención que restrinjan inclusive las actividades que están provocando contagios.  La dirigente exigió la implementación de las normas y medidas dadas para proteger a las comunidades, así como participación en un espacio multisectorial donde se tomen decisiones. Manifestó que ahora se requieren medidas de contención frente a la pandemia, 

El presidente de la MCLCP Federico Arnillas recordó que la agenda de los pueblos indígenas ha pasado por varios intentos de implementación. "Han sido esfuerzos de dialogo entre Estado y sociedad civil, de las organizaciones indígenas que me parecen son un punto de partida en esta búsqueda de precisar metas e indicadores que permitan medir la eficacia de las políticas. Los temas que hemos visto señalan la urgencia de este diálogo entre el Estado y las organizaciones representativas de los pueblos originarios y comprometer a los tres niveles de gobierno para que lo que se acuerde pueda ser implementado. Que tengamos un reencuentro como país de esta diversidad de personas". 

A la sesión asistieron 275 representantes de la sociedad civil y de instituciones públicas que integran las Mesas de Concertación regionales de todo el país.