Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Instituciones fortalecen acciones para enfrentar la minería ilegal y su vinculación con la trata de personas en Loreto

Loreto, 8 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional frente a la minería ilegal y lsu vinculación con la trata de personas, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Loreto desarrolló el Taller de Capacitación contra la Minería Ilegal y la Trata de Personas, actividad que reunió a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra del Perú y otros actores comprometidos con la protección de los recursos naturales y los derechos humanos y en representación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de Loreto, participó  el  secretario técnico, Alejandro Domínguez Verde.

Durante la jornada, la especialista de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) presentó las principales competencias de la entidad, el listado actualizado de mineros formalizados en la región y los mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental aplicables a la actividad minera. Asimismo, explicó el marco normativo que regula la lucha contra la minería ilegal, las funciones de la DREM en materia de fiscalización ambiental y el funcionamiento del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). Finalmente, precisó las diferencias entre la minería formal, informal e ilegal, enfatizando que la titularidad de una concesión minera o la presentación de un petitorio no autorizan por sí mismas el desarrollo de actividades de exploración, explotación o beneficio, siendo indispensable contar con las autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad competente antes del inicio de cualquier actividad minera.

La expositora señaló que la minería ilegal genera graves impactos sobre los ecosistemas amazónicos, debido a la contaminación de ríos y quebradas por el uso de mercurio, la degradación de ecosistemas frágiles, la pérdida de biodiversidad, el incremento de la inseguridad y la evasión de impuestos que afectan el desarrollo regional.

Uno de los temas centrales del taller fue la estrecha relación entre la minería ilegal y la trata de personas. Se explicó que los campamentos mineros ilegales constituyen escenarios de alto riesgo para la explotación laboral y sexual, principalmente de mujeres, adolescentes y poblaciones vulnerables. En ese sentido, se recordó que el Decreto Legislativo N.° 1100 establece la obligación del Ministerio Público de comunicar inmediatamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la identificación de víctimas durante los operativos de interdicción, a fin de garantizar su atención y protección.

Durante la capacitación también se informó sobre los avances del Grupo Técnico contra la Minería Ilegal en Loreto, creado mediante la Ordenanza Regional N.° 001-2022-GRL-CR, cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección Regional de Energía y Minas. Entre los principales logros se destacó la aprobación de la Ordenanza Regional N.° 001-2025-GRL-CR, que ratifica la importancia de proteger las cabeceras de cuenca del departamento de Loreto para garantizar la seguridad hídrica y la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Asimismo, se dieron a conocer las gestiones realizadas para solicitar la declaratoria del estado de emergencia en la cuenca del río Nanay debido a los impactos de la minería ilegal, la elaboración del Plan de Acción del Grupo Técnico y el fortalecimiento de alianzas con instituciones académicas y científicas, como el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), con el propósito de incorporar evidencia científica en la toma de decisiones.

Finalmente, los participantes coincidieron en que la minería ilegal constituye una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible de Loreto, por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones de prevención, fiscalización, interdicción y sanción, así como consolidar el trabajo articulado entre las instituciones públicas, la sociedad civil y la cooperación técnica para proteger los recursos naturales, garantizar el respeto de los derechos humanos y contribuir a la construcción de una Amazonía sostenible y libre de actividades ilícitas.