El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cusco rechaza de manera contundente la decisión adoptada por el juez titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Urubamba, Carlos Gutiérrez Huayta, de otorgar el beneficio de libertad condicional a Alfredo Quispe Jaimes, acusado de causar quemaduras y de tener encerrada a su hija de 3 años de edad en una habitación de su vivienda.

Recordamos que el Perú está suscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño, marco internacional que reconoce y promueve la protección integral de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, correspondiendo a los poderes del Estado y los tres niveles de gobierno promover los esfuerzos necesarios para erradicar la violencia en todas sus formas, entre ellas el castigo físico y humillante que de ninguna manera puede ser considerada como una práctica tradicional y consuetudinaria entre la población.   

En tal sentido y teniendo conocimiento de tan abominable hecho, el Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cusco expresa su rechazo y total indignación por la decisión del magistrado. Asimismo, exhorta a las instancias del Órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial a tomar las acciones a fin de que el agresor sea procesado de acuerdo la ley, por haber sometido a una niña a un trato cruel e inhumano, acto que constituye un hecho punible al ser este deliberado y con la intención de causar dolor y daño.   

Este hecho difiere totalmente con lo establecido de la Ley N° 27337 Nuevo Código de los niños y adolescentes- que en el artículo II.- Sujeto de derechos, expresa textualmente “…El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica…”. Asimismo. el artículo 4.- A su integridad personal señala “El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante”, exhortando al cumplimiento de las obligaciones consagradas en dicha norma.  

La MCLCP solicita a las instancias gubernamentales y no gubernamentales protectoras de la niñez a impulsar prácticas de crianza positivas y la prevención de la violencia, así como promover la denuncia en caso se detecten situaciones de daño a niños, niñas y adolescentes, cuyos responsables deben ser denunciados y procesados por la comisión de delitos contemplados por la ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.  

Finalmente, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Cusco hace un llamado a las autoridades, comunidades y toda la población en general, a promover las acciones necesarias a fin de que cesen las acciones denominadas “prácticas tradicionales correctivas”, recordando que ningún tipo de violencia se puede justificar como prácticas culturales y más aún que estas sean encubiertas y justificadas por quienes administran la justicia.