El “II Encuentro de Autoridades y Operadores para la Protección de la Niñez y Adolescencia-Ayacucho” fue organizado por la MCLCP Ayacucho, desde la Mesa Temática de Protección de Derechos de los NNA, con el objetivo de incidir en la vigilancia de la implementación de la convención de los derechos del niño.

La coordinadora regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho y vicegobernadora del Gobierno Regional de Ayacucho Gloria Falconi Zapata, dio inició al evento resaltando la importancia de la Convención de los Derechos del Niño, que garantiza el cumplimiento de los mismos en todo el mundo. Asimismo mencionó que Perú es uno de los países que lo ratificó, en el año 1990, y esto ha hecho que se avance en la implementación de políticas públicas y leyes con mayor asignación presupuestal en favor de los niñas, niños y adolescentes.

El presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Federico Armillas Lafert, quien participó del evento, resaltó la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño y recomendó que se enfatice en varios puntos claves por la coyuntura electoral para que los partidos políticos consideren en su agenda: derecho a la identidad, seguridad alimentaria, vacunación (sobre todo la vacuna contra el COVID-19), protección contra la violencia hacia los niños y adolescentes, derecho a la voz de los niños y niñas para que sean consideradas en políticas públicas, y finalmente el derecho a la recreación. 

David Pacheco Villar, jefe de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, en su calidad de expositor, dio a conocer los avances realizados por el Estado peruano a través de los tres niveles de gobierno y su implicancia en la niñez y adolescencia de la región Ayacucho. Esta región, en tema de violencia, ocupa el octavo lugar con una cifra de 1848 casos; asimismo, con 8 feminicidios, se coloca en un tercer lugar a nivel regional respecto a este delito. Las provincias que evidencias mayor porcentaje de violencia familiar son las provincias de Lucanas y Cangallo.  Durante el mes de agosto se registraron 73 denuncias, de las cuales 43 son niños y niñas y 20 embarazos en adolescentes por ataque sexual.

Pacheco agregó que el derecho a la educación en marco de la convención tuvo un golpe muy fuerte por la pandemia y a pesar de ellos los esfuerzos desde el GRA deben ser redoblados.  El retorno a clases, con estricto control desde la DIRESA y MINEDU, se realizó en 41 centros educativos rurales, beneficiando a 1600 alumnos. En temas de derecho a la salud, los centros de salud no cuentas con camas UCI pediátricas y carecen de estructuras adecuadas para los niños y niñas en el contexto de la pandemia. También se mencionó la participación de los NNA en las movilizaciones como un derecho por la vulneración de sus derechos. 

En el evento también participaron organizaciones de niños, niñas y adolescente de la región representados por Raida del CCONNA regional, Ruth y Nilmar de AARLE, y Milagros y Maju de ARELIT, quienes subrayaron problemas de falta de recursos económicos, estrés, violencia familiar y educación de calidad y algunos casos sobrellevando al trabajo infantil y al suicidio. 

Además, los jóvenes plantearon las dificultades en el tema calidad educativa por falta de conectividad y equipos tecnológicos (laptop, computadoras, celulares, radio y televisor), planteando la necesidad de un sistema de nivelación académica de quinto año de secundaria y grados inferiores a fin de estar en las mismas condiciones en los exámenes de admisión entre los colegios particulares, estatales, urbana y rural. También solicitaron la instalación de antenas de telefonía, radio y televisión para mejorar la educación a distancia, a fin de evitar el abandono y deserción escolar. 

Finalmente, exigieron la entrega de tablets y la mejora de los contenidos de Aprendo en Casa, así como la capacitación de docentes para la atención socioemocional. 

Las conclusiones del evento fueron:

1. Incidir en la implementación de la conectividad como un derecho. 

2. Incidir en la implementación de estructuras adecuadas en los centros educativos (agua, desagüe) y el cumplimiento de los protocolos para prevenir el COVID-19 ante el retorno a las clases presenciales.

3. Incidir en las prácticas saludables, cambio de comportamientos y conductas, a fin de desterrar la violencia normalizada del castigo humillante e impulsar el buen trato en los diferentes espacios.

4. Fortalecer el trabajo articulado en favor de la protección de la violencia en todos sus aspectos, a nivel de los gobiernos locales (provinciales y distritales).

5. Implementación, acreditación y fortalecimiento de las Demunas a nivel regional, para una atención adecuada y oportuna de protección de violencia.

6. Ampliación de espacios diferenciados en los centros de salud en los distritos y zonas rurales

7. Incidir en la implementación de la salud mental

8. Implementación de espacios de recreación para los niños y adolescentes.