05 de Abril del 2017  |     MESA NACIONAL

Recomendaciones y orientaciones de políticas e intervención intersectorial

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) expresa su solidaridad con los hermanos y hermanas afectados/as por las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslaves que se vienen presentando en diversas regiones de nuestro país. Una situación de emergencia que aún no ha sido superada y que puede seguir comprometiendo otras zonas y poblaciones del país, que genera riesgos para la vida y la salud de nuestra población.   

Expresa su reconocimiento al esfuerzo que hombres y mujeres de todas las edades, que en diversas partes del país están desplegando iniciativas para aliviar el dolor y atender las necesidades más urgentes de la población damnificada y afectada. 

También expresa su reconocimiento a las autoridades del Estado que desde el nivel nacional, regional y local han sabido poner por delante el interés superior de la persona humana y están movilizando los recursos y medios públicos a su cargo para atender la situación existente.     

En el medio de esta emergencia, vemos un país que ha puesto por delante el valor de la solidaridad y apoyado en él, ha sido capaz de acercarse desde los puntos más remotos para compartir más que lo que se tiene. Un país capaz de actuar en conjunto, lo que nos transforma y hace del Perú “una sola fuerza” para derrotar la adversidad, renovando la fe en el futuro común. 

Hay tareas pendientes en esta etapa de emergencia que aún no termina. Compartimos la preocupación por lograr que la ayuda llegue a toda la población que lo requiere, que reciban una pronta atención que implique respuestas urgentes de atención humanitaria y el inicio de un proceso de rehabilitación y reconstrucción integral, sostenible y sin riesgo, en especial a favor de la población en situación de pobreza o mayores condiciones de vulnerabilidad.

El gran desafío que tenemos como país es cerrar con éxito la etapa de emergencia y abrir curso al proceso de rehabilitación y de (re)construcción de un país más seguro, teniendo en cuenta que el fin último debe ser recuperar a las poblaciones y territorios afectados. Las tareas que tenemos por delante, demandan un esfuerzo que involucra al conjunto del Estado y todos los estamentos de la Sociedad Civil. El plazo que ellas requieren sobrepasa el periodo de gobierno de las actuales autoridades locales y regionales y no pocas de ellas van incluso más allá del mandato de nuestras actuales autoridades nacionales.  Ello exige dotarnos de los consensos más amplios posibles para anclar el proceso en bases sólidas que den continuidad a las políticas públicas a lo largo del tiempo.

Atendiendo a estas consideraciones, el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP ha aprobado las siguientes recomendaciones y orientaciones de política:

 

  1. RECOMENDACIONES SOBRE LA ORIENTACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  INTEGRAL DEL PROCESO
  1. Orientaciones generales
    1. El bienestar de la persona humana es el fin supremo de la acción del Estado y de la Sociedad. Los desastres ocurridos ponen de manifiesto la necesidad de reestablecer una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza, condición necesaria para alcanzar ese bienestar, así como de modificar las prácticas sociales que generan y/o reproducen desigualdades que se constituyen en vulnerabilidades que aumentan los riesgos de todas las personas, que sufren alguna forma de discriminación o exclusión.
    2. Se debe reconocer el impacto diferenciado que tiene la emergencia entre hombres y mujeres, lo que supone el desarrollo de políticas y líneas de acción que atiendan en esas situaciones desiguales.  La forma de abordar la emergencia y los procesos de rehabilitación y reconstrucción no debe ahondar las desigualdades de género y los patrones que están asociados a dichos roles, por el contrario debe contribuir a una transformación progresiva y dinámica estructural.
    3. Se debe reconocer el impacto diferenciado de las emergencias según las diversas etapas de la vida y sus necesidades (en especial niñas y niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores), y la tenencia de habilidades diferentes.
    4. Se debe reconocer los impactos diferenciados que tiene los fenómenos naturales ocurridos en diversas partes del territorio y los distintos riesgos a los que están expuestos los pobladores/as del país.
    5. Se necesita una estrategia de información y comunicación que genere y permita un ejercicio pleno de ciudadanía, promoviendo comportamientos y entornos protectores para contribuir a eliminar los nuevos riesgos a los que pueden estar expuestos por la emergencia. Para ello la información que se provea debe ser veraz y oportuna, ayudar a formar un juicio informado y tomar decisiones individuales y colectivas ajustadas a las situaciones que se enfrentan. La información debe dar prioridad especial a los grupos afectados a fin de evitar la difusión de noticias inexactas y el aprovechamiento de la situación de emergencia para generar caos y desorden social.
    6. La comunicación para ser tal, debe ser bidireccional y recoger la opinión, demanda y propuesta ciudadana. Esta voz debe ser tomada en cuenta  y respondida.
    7. Urge promover el desarrollo de planes de recuperación temprana, con la participación de las familias afectadas por la emergencia, los representantes de los Sectores del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y Locales, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional.
  1. Coordinación y Concertación
    1. La magnitud de la emergencia demanda fortalecer la coordinación intergubernamental, intersectorial e interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y las entidades de cooperación internacional en la búsqueda de hacer realidad el slogan “Una sola fuerza”.  En este sentido es fundamental actuar de acuerdo con los roles y responsabilidades que la Ley establece que debe desempeñar cada nivel de gobierno, instancia o dependencia, en los procesos de respuesta inmediata, rehabilitación temprana y reconstrucción.
    2. En este proceso es importante afirmar y reconocer las acciones que se vienen llevando a cabo por parte de diferentes actores de la Sociedad Civil: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), gremios laborales, empresariales y profesionales, iglesias, organizaciones de mujeres y otras asociaciones comunales. Estas intervenciones además de apoyar en la repuesta ante la emergencia permiten mantener y desarrollar las capacidades organizativas que hay en el tejido social nacional. Toda intervención pública debe partir de reconocer estos liderazgos y fortalecerlos.
    3. El proceso de reconstrucción no se limita a la infraestructura física, incluye también la reactivación económica y la reconstrucción del tejido social. Se requiere un enfoque holístico que permita la participación de los diferentes actores sociales y la concertación para hallar soluciones sostenibles, que se base en el respeto a la dignidad humana.
  1. Organización y Participación Ciudadana
    1. Las intervenciones del Gobierno Central deben ser coordinadas con los Gobiernos Regionales, Locales y la Sociedad Civil organizada.
    2. Desarrollar capacidades en los Gobiernos Locales a fin de fortalecer su rol y garantizar el liderazgo de las autoridades distritales y provinciales en el proceso, impulsando la participación y el diálogo con la sociedad a través de la conformación de Mesas de Diálogo, Grupos de Trabajo y Consejos de Coordinación.
    3. Recuperar los instrumentos de participación ciudadana existentes, como son el Presupuesto Participativo (PP) y los Planes de Desarrollo Concertado (PDC).
    4. Reconocer, valorar y fortalecer las diversas formas de organización de la población y sociedad civil para que apoyen las medidas implementadas por el Gobierno Central, Regional o Local.
    5. Asegurar los servicios de atención y cuidado de los grupos vulnerables, fortaleciendo el rol de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, MIMP, DEMUNA, OMAPED, Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los Comedores Populares.
    6. Definir los procesos de Rendición de Cuentas oportunos de los recursos públicos asignados a la atención de la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
    7. Fortalecer el rol de los Organismos de Control del Estado y su efectiva participación en el proceso de reconstrucción y en la implementación obligatoria de la Gestión de Riesgos de Desastres en los tres niveles de gobierno.
    8. Fortalecer la capacidad de resiliencia de las instituciones públicas y las poblaciones organizadas a partir de la evaluación de las intervenciones realizadas.
  1. Planificación de la Reconstrucción Integral
    1. El proceso de reconstrucción debe tener metas claras con fechas de inicio y término definidas.
    2. El ordenamiento territorial y la planificación son fundamentales para garantizar los procesos de Rehabilitación temprana y Reconstrucción sin riesgos.
    3. Urge identificar todas las comunidades y centros poblados que requieren ser reubicados y las áreas de recolocación disponibles.
    4. Los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) deben ser revisados y considerar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), a la luz de la emergencia vivida.
    5. La Sociedad Civil organizada debe participar en los procesos de toma de decisiones, seguimiento y monitoreo de la inversión pública.
    6. Garantizar el uso adecuado de los sistemas de información para que cualquier intervención posterior que se haga tenga en cuenta las características del territorio. Esta información debe estar abierta al público.
    7. La reconstrucción debe realizarse respetando y protegiendo las costumbres de las comunidades afectadas y el medio ambiente natural, dotándolas de servicios de calidad.

 

  1. ORIENTACIONES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE INTERVENCIÓN SECTORIAL
  1. Diagnóstico y Evaluación de Daños
    1. Con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, es necesario contar con un diagnóstico detallado de los impactos y daños ocasionados, donde se incluya lo siguiente:
      1. Padrón Unico de personas damnificadas y afectadas (INEI).
      2. Identificación de Grupos Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, madres gestantes, personas con discapacidad, hogares monoparentales y adultos mayores
      3. Determinación del impacto en los medios de vida y otras actividades económicas, especialmente la afectación de tierras de cultivo inundadas
      4. Situación de los servicios públicos afectados: agua y saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones; así como de la infraestructura dañada: viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes, canales de regadío, etc.
    2. Garantizar que todas las personas afectadas cuenten con documentos de identidad, debiéndose emitir de manera gratuita los duplicados que se requieran.
    3. Los padrones con la relación de las personas afectadas y damnificadas por la emergencia permitirán que se brinde una atención universal, adecuada al tipo de afectación producida, aún cuando no se encuentren en situación de pobreza.
    4. Revisar el formato del Padrón de Damnificados, empleado en el EDAN, pues a pesar de ser muy útil para la atención de la emergencia, podría complementarse para levantar información requerida en los procesos de rehabilitación y reconstrucción.
    5. Aprovechar en lo posible la información ya existente en los sistemas administrativos, tales como: Seguro Integral de Salud (SIS), Focalización de Hogares (SISFOH), RENIEC, Programas Sociales, Registros de Propiedad y Pre-censo 2017.
  1. Violencia contra la mujer
    1. Las intervenciones deben incorporar de manera específica medidas, acciones e iniciativas para enfrentar los problemas de seguridad y protección. Existe evidencia que la violencia de género se tiende a incrementar en situaciones de emergencia y que tienen un impacto especial y significativo en las poblaciones de mujeres. 
    2. Evitar recargar las tareas de la mujer y las niñas dentro del espacio de la organización y servicios.
    3. Informar a la población y en forma especial a las mujeres, las niñas y niños sobre los servicios y personal a cargo en la atención por violencia familiar (física, psicológica y sexual).
  1. Protección Infantil
    1. Desarrollar estrategias de prevención, detección y respuesta en casos de violencia en las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
    2. Promover estrategias de soporte emocional y actividades lúdicas para niñas, niños y adolescentes.
    3. Fortalecer las capacidades de los operadores locales en temas de protección.
  1. Salud Pública
    1. Es prioritario reponer íntegramente los Servicios de Salud Pública: activar los hospitales y centros de salud, reponer la dotación de medicamentos, y  proporcionar las condiciones adecuadas requeridas para las intervenciones del personal de salud.
    2. Garantizar la atención de salud de las poblaciones afectadas por las inundaciones, incluir campañas de vacunación que eviten el surgimiento de enfermedades infecciosas y epidemias transmitidas por insectos.
    3. Garantizar que las personas diagnosticadas con TBC y VIH, así como otras enfermedades crónicas sigan recibiendo el tratamiento y medicamentos requeridos.
    4. Asegurar la atención especializada y oportuna a las mujeres embarazadas.
    5. Proporcionar el servicio de atención psicológica y emocional a la población vulnerable que lo requiera. Deberá incluirse también la recuperación emocional del personal estatal, social y voluntarios que están participando en las actividades de atención de la emergencia, a fin de evitar el síndrome de agotamiento profesional.
    6. Promover el desplazamiento de brigadas de salud a las zonas más alejadas, integrando en sus acciones el monitoreo de gestantes, control nutricional de niñas y niños y atención de enfermedades crónicas.
  1. Educación
    1. Verificar que las escuelas cumplan con los estándares mínimos para reiniciar las actividades educativas: instalaciones seguras, servicios higiénicos adecuados, sistemas de agua y desagüe, docentes capacitados, etc.
    2. Asegurar la disposición de útiles escolares para los niños y niñas de las familias damnificadas, así como elementos de higiene en las escuelas.
    3. Poner en marcha alternativas para estudiantes que no iniciaran las clases y generar las condiciones para un retorno seguro a la escuela.
  1. Agua, Saneamiento e Higiene
    1. Asegurar el abastecimiento de agua segura a la población afectada, así como la provisión de servicios de saneamiento, recojo y eliminación de excretas.
    2. Promover soluciones sanitarias integrales que permitan el baño personal y lavado de ropa y utensilios de cocina donde existan las condiciones.
    3. Brindar información sobre el manejo del agua segura y prácticas de higiene, proporcionando kits de higiene y limpieza.
    4. Restaurar el servicio de limpieza pública y eliminación de escombros y basura en las zonas afectadas.
  1. Vivienda temporal y Albergues planificados
    1. Proceder en el más breve plazo a reemplazar las carpas por viviendas temporales, y donde se requiera por albergues planificados. Los módulos temporales de vivienda deben cumplir al menos con los Estándares Mínimos de la Respuesta Humanitaria (Normas Esfera), asignando al menos un espacio de 3 m2 por persona.
    2. Garantizar la seguridad y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y personas adultas mayores que se encuentren en los albergues temporales, mediante la habilitación de espacios diferenciados para dormir y servicios higiénicos para varones y mujeres.
    3. Los albergues comunitarios deben estar a cargo de los grupos humanos que los ocupan. Para ello hay que apoyar la organización adecuada de la población involucrada.
  1. Medios de Vida
    1. Debe contemplarse la entrega de una subvención económica temporal a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población damnificada.
    2. Desarrollar propuestas para generar y/o recuperar el ingreso económico de las personas afectadas, mediante la generación de trabajo temporal orientado a la rehabilitación de las economías locales. 
    3. Destinar recursos económicos para la recuperación de los activos de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, tales como: maquinarias, equipos, capital de trabajo, semillas, insumos, etc. El apoyo puede darse mediante transferencias monetarias o créditos subsidiados.
    4. Evaluar los contextos diferenciados existentes: urbano y rural, varones y mujeres, a fin de generar las oportunidades económicas más adecuadas a la realidad de la población.
    5. Destinar un presupuesto para el mejoramiento inmediato de caminos rurales y puentes en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, ya que muchos centros poblados han quedado aislados y si no se mejora estos caminos las personas aisladas sufrirán de hambruna.
    6. Los hogares monoparentales requieren atención preferente en especial cuando tienen carga familiar (niños pequeños, adultos mayores o familiares con discapacidad) porque las condiciones para reactivar su economía son más difíciles considerando que sus titulares cumplen un rol múltiple.
    7. Definir claramente los roles para la recuperación de las redes de agua para riego, asignando responsabilidades a las Juntas de Usuarios y Gobiernos Locales.

 

 

 

 

Relaciones

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